Introducción

3. Marco legal

Algunos de los problemas concretos que se presentan en Internet en lo referente a la desprotección de la persona consumidora son estos:

• La inseguridad de las transacciones y los medios de pago electrónico.
• La posible nulidad de los contratos.
• La falta de protección a las personas consumidoras en su condición de compradores de bienes y servicios.
• Los fraudes documentales.
• Las transacciones ilegales.
• La falta de protección de la privacidad, de los derechos de propiedad intelectual y de los datos personales.

Para solucionar o evitar todos estos problemas contamos con las siguientes leyes donde se establecen las pautas para garantizar la protección de la persona consumidora en todos los aspectos mencionados:

• Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
• Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
• Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.
• Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación.

Para la prestación de servicios de la sociedad de la información no es necesaria la inscripción en ningún registro. No obstante, con el fin de mejorar la confianza de las personas consumidoras en el comercio electrónico, se establece que quien preste dichos servicios deberá comunicar al Registro Mercantil u otro registro público similar en el que esté inscrito, por razón de su actividad, los nombres de dominio o las direcciones de Internet que utilicen habitualmente.

Este curso se desarrolla siguiendo el trasfondo legal fijado por esta normativa.